Política

DIPUTADA CICARDINI PRESENTÓ PROYECTO QUE PIDE 80% DE TRABAJADORES LOCALES DE EMPRESAS ESTATALES EN REGIONES APARTADAS

*Iniciativa contempla también un mínimo de 60% de trabajadores locales en empresas privadas y apunta a disminución del desempleo en 6 regiones, incluyendo Atacama.

 Establecer un mínimo de contratación local en las regiones más apartadas del país de un 60% de trabajadores y trabajadoras en el caso de empresas privadas, pero con especial  énfasis las empresas estatales, elevando a un 80% dicha obligación, es el objetivo de un proyecto de ley presentado por las diputadas, Daniella Cicardini (PS), y Marcela Hernando (PRSD).

 La iniciativa apunta a la modificación al Código del Trabajo y al decreto 900 del Ministerio de Obras Publicas a fin de garantizar un piso de mano de obra local en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y las regiones de Aysén y Magallanes por el sur.

 Según explicó la diputada Cicardini “veníamos trabajando hace ya tiempo en esta propuesta con la que queremos hacernos cargo de la  realidad del desempleo que afecta en especial a las regiones extremas de nuestro país y que hoy golpea fuertemente a Atacama, obligando a sus habitantes a migrar hacia la capital; existiendo a veces vacantes pero que son llenadas por las empresas con trabajadores que no viven en la zona”.

“En ese sentido este proyecto pone el acento en que es el propio Estado el que debe dar el ejemplo y ser el primero en cumplir un rol social y central en impulsar el empleo de estas regiones, especialmente las zonas mineras como la de Atacama, en donde tenemos presencia de empresas estatales como Codelco o Enami; o Enap en el caso de Magallanes”.

“Por eso se establece que cuando se trate de empresas públicas que se desempeñen en estas regiones, ese porcentaje de mano de obra local debe alcanzar al 80%”, detalló.

En esa línea, Cicardini agregó que una de las grandes motivaciones de la medida es “hacer justicia con aquellas regiones como la región de Atacama que producen la riqueza del país, pero se quedan solo con los pasivos ambientales, con externalidades negativas, y con las grandes empresas tributando en Santiago y no en donde están sus faenas”.

“En ese escenario, creemos que es de una mínima justicia establecer al menos una medida como esta para favorecer y privilegiar el empleo y el desarrollo local de estas zonas que tanto aportan al país”.

Sobre una eventual dificultad de las firmas para encontrar trabajadores calificados en la zona en la que efectúan su labor, la legisladora indicó que “hay estimaciones que señalan que en general con no más allá del 15% de su dotación las empresas podrían llenar aquellos puestos que requieran una calificación muy específica o estratégica, por lo que el resto perfectamente podría corresponder a personas locales; y esta iniciativa deja un margen mayor tanto en privados como estatales”, argumentó la parlamentaria.