Política

Diputados RN apuntan a usar todos los medios para “revertir” dictamen de Contraloría

SANTIAGO.- Luego que el Gobierno presentara el viernes el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización de aborto, un grupo de diputados de RN manifestaron que se deben usar todos los medios posibles para “revertir” el dictamen de la Contraloría, acusando al organismo de una “intromisión política”.

Hasta ahora, el jefe de la bancada de diputados RN, Leopoldo Pérez, se ha mostrado cauto ante la idea de la UDI de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC), señalando ayer en El Mercurio que “sería aventurado ir de inmediato (al TC). Hay que evaluarlo, en la medida que se vea el impacto en prestaciones distintas al aborto en tres causales”.   Evópoli descarta ser partidario de recurrir al TC por nuevo reglamento de objeción de conciencia 91 Aborto: UDI no descarta acudir al Tribunal Constitucional por nuevo reglamento de objeción de conciencia 126 A través de una carta al director publicada hoy en el diario, los diputados de RN Diego Schalper, Miguel Mellado, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea, Catalina del Real y Harry Jürgensen, manifestaron que el dictamen de la Contraloría sobre esta materia fue “un acto de suma gravedad, en cuanto sostuvo principalmente que las entidades privadas que colaboran con el Estado en las prestaciones de salud deben ser tratadas conforme a las mismas reglas del aparato estatal”. A su juicio, “esto representa una intromisión indebida en el campo político por parte de la Contraloría (…) desconociendo la libertad de asociación y reduciendo lo público a lo estatal”.

“Entendemos que el reglamento anunciado por el Gobierno en estos asuntos no es más que un acto administrativo forzado por la tesis que criticamos. No obstante, es preciso advertir que el debate no está cerrado y que debemos emplear todos los medios posibles para revertir el contenido del dictamen”, sostuvieron. Finalmente, los parlamentarios recalcaron que “quienes valoran l las libertades básicas y el Estado de derecho no pueden quedar indemnes ante esta lamentable intromisión política de la Contraloría”.